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LOS FUNCIONARIOS ANTE LA CRISIS. Imprimir E-mail
Escrito por Al-Malakí   
Jueves, 21 de Mayo de 2009 16:40

LOS FUNCIONARIOS ANTE LA CRISIS.

Sr. CHAVES

Le hemos comunicado que expondríamos el artículo

siguiente, pero no entendemos que trata Vd., de

decirnos con “ese ademán”.

Por favor, llámenos y nos lo aclara.

LOS FUNCIONARIOS ANTE LA CRISIS.

No se debe ser contrario a la función pública, por necesaria, pero si se ha de ser crítico cuando se convierte en una bolsa de enchufismos, banderines de enganche o colecftivos de votos atrapados. Causa estupor saber que justamente hace un año el 19,1% del conjunto de los asalariados eran funcionarios del estado, comunidades autónomas y de ayuntamientos. Porcentaje de por sí, altísimo Nadie discute que nos encontramos ante una de las peores crisis conocidas, de hecho nos encontramos ante dos crisis, una de repercusión internacional, y otra made in Spain, pero parece ser que la adninistración pública no se hace eco del grave problema que atravesamos, y ante un clara manifestación de derroche, anuncia que en este año se llevaran a cabo, nada menos que 156.300 nuevas contrataciones, que engrasaran las ya abultadas filas del funcionariado, llegando a la friolera de 3.029,500 de personas, lo que supone un coste de 108.356.000,000 € (si, si, he dicho bien ciento ocho mil trescientos cincuenta y seis millones de euros), correspondiendo 33.057.000.000 € al Estado, 55.309.000.000 € a los Gobiernos Autónomos y 20.000.000.000 € a los Ayuntamientos. En cabecera está Andalucía con 535.600 funcionarios, siguiéndole Madrid con 497.000 y Cataluña con 397.800. En la cola está Melilla con 10.600. La paradoja es Extremadura, donde un 33,4% de los asalariados de esta Comunidad, son funcionarios públicos. ¿Responde esta ingente masa de personal, a necesidades que lo exija?. En cualquier empresa, que se precie de ello, optimiza su plantilla, y controla sus recursos humanos, ¿por qué no optimizan las plantillas la función pública?. ¿Por qué no son auditados los departamentos de su personal?. La respuesta es tan sencilla, como no importarle a la Administración, y lo que es peor, entender, que son sus fieles seguidores, Es un personal mimado, que gana más que cualquier trabajador de su categoría. Su puesto es en propiedad, no sufre crisis, y para su mantenimiento solo basta ejercer presión fiscal sobre los demás, acudir a préstamos bancarios y emitir deuda pública, donde a su vez se solicitan préstamos para atender préstamos anteriores, o a préstamos para atender intereses. Hace tiempo me dediqué a recortar los presupuestos municipales publicados en los Boletines Oficiales de la Provincia de Málaga, y con horror comprobé que casi toda la recaudación de los diversos municipios iba a parar a personal, amortización de préstamos, y a intereses bancarios. Casi nada quedaba para inversión. Aún recuerdo un año, donde a bombo y platillo el Ayuntamiento de Málaga informó que dedicaría para inversión el 15%. En síntesis, tributamos, en gran medida, para mantener a una élite social. En este orden de cosas se desprende que la gran parte de la recaudación y presión fiscal no responde a dotaciones de infraestructuras, sino a mantener una legión de personas a cargo del esfuerzo de los demás Los funcionarios son necesarios, ¡claro que lo son!, pero deben ser responsables y responder sus contrataciones a un estudio que exijan las mismas, y por supuesto, antes de llegar a nuevas contrataciones, es de recibo optimizar las plantillas, someterlas a movilidad funcional o geográfica, es decir, hacer ni más ni menos lo que haría una empresa en defensa de su control presupuestario, o para cumplir sus objetivos de producción. Además de carecer de tales objetivos, por si fuese poco, ni siquiera saben lo que es la falta de rendimiento, ni el absentismo laboral, que en cualquier empresa es motivo de despido procedente El reverso de la moneda la encontramos con las contrataciones de interinos, los cuales solamente en Andalucía ascienden a 15.000, de ellos 3.000 están en Málaga. Este es un personal en precario, sin ningún tipo de derecho en el momento de no renovársele su contrato. El Estatuto de los Trabajadores, que dicho sea de paso excluye a la Administración Publica como contratadora, y a los funcionarios como contratados, mantiene con dureza que los contratos son indefinidos, cabiendo los temporales, siempre y cuando respondan a una excepción, pero nunca para atender los trabajos habituales de la empresa. Su duración no puede exceder de un año contando contrato inicial y una única prorroga. Si una empresa se excediese en la duración, o se encadenaran sucesivos contratos, estos se presumen en fraude de ley, pasando la relación laboral a indefinida, de tal manera, que si el empresario manifestase sus deseos de no renovación, acudiendo a la Jurisdicción Social reconocería en favor del despedido una indemnización como si de despido improcedente se tratase. Hay que preguntase por qué motivo el Estado exige tanta rigidez a las empresas en tema de contratos temporales, y por qué los permite en la Administración Pública. También hay que preguntarse por qué el Estado condena a las empresas a algo que la Administración lleva a cabo con total impunidad. Por si todo fuese poco, además existe la figura de Puestos de Confianza, donde a dedo, y por compromisos políticos se cubren determinados puestos. Para que tengamos una idea, en la Junta de Andalucía pasan de 500. En general estos puestos tienen remuneraciones millonarias, y su única justificación es velar por los intereses políticos que representan. Pido disculpas a los funcionarios que pudieran sentirse ofendidos. Este no es mi propósito. Quiero transmitir que son necesarios, pero me gustaría verlos con los mismos derechos y obligaciones que los asalariados, en función a las respectivas categorías profesionales y a la diversidad de desempeños. La verdadera justicia no debe ser nido de permisividades ni de discriminaciones. Hoy por hoy el funcionariado cuenta con ambos defectos.

 
Última actualización el Miércoles, 03 de Junio de 2009 08:41
 

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